Educación prohíbe a institutos y colegios, el uso de plataformas educativas gratuitas al alegar un problema de protección de datos. Sin embargo, los directores advierten de que, sin ellas, no podrán impartir las clases on line a los casi 350.000 alumnos en semipresencialidad. Su principal atractivo es su facilidad de uso y su variedad de herramientas, pero hay un escollo: los datos de los alumnos. Ahora, con el curso ya en marcha, el Gobierno de Madrid las ha prohibido e insta a los centros a volver a EducaMadrid, que asegura haber mejorado, pero los directores de instituto replican que sigue teniendo carencias.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio, los centros deben abstenerse de utilizar cualquier aplicación o plataforma cuyo prestador del servicio tenga su sede social en EE UU hasta que se garantice el nivel de protección adecuado de la transferencia internacional de datos personales.
Esta resolución afecta “a todos los centros públicos y concertados”, a los que “se prohíbe usar cualquier plataforma que no sea EducaMadrid”, aclara un portavoz de Educación. Dicho portavoz explica que se trata «de un problema técnico y jurídico” y que la consejería “está trabajando para cerrar en breve convenios de colaboración con Microsoft, Google y Adobe para adecuar sus políticas a la normativa, pudiendo así ofrecer estas plataformas de manera complementaria a las institucionales”.
La prohibición ha caído como una bomba entre los docentes, que llevan desde marzo usándolas y que ya habían preparado su programación con ellas. El principal problema de EducaMadrid es que cae constantemente, y no permite realizar videollamadas, con lo que no se pueden dar clases on-line.
Mientras se resuelve el lío en los despachos, muchos centros están haciendo caso omiso de la orden y siguen mandando a los padres el usuario y la clave para entrar, por ejemplo, en Google Classroom.