El 29% de las empresas aún no dispone de un protocolo de acoso, y solo el 72% cuenta con un sistema de registro salarial. Cerca de una tercera parte de las empresas en España admite no tener un protocolo contra el acoso sexual y registro salarial, a pesar de ser una medida obligatoria para todas ellas, según la ley, para de este modo promover estos valores y prevenir cualquier forma de discriminación.
El registro salarial es una medida que busca promover la transparencia y la equidad en la remuneración de los trabajadores. Consiste en llevar a cabo un registro detallado de los salarios de cada empleado, teniendo en cuenta factores como la antigüedad, las responsabilidades y las habilidades requeridas para el puesto.
La dotación del registro salarial implica que todas las empresas deben mantener un sistema de documentación que refleje claramente la estructura salarial de su personal, y promover así la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Por otro lado, el protocolo contra el acoso en empresas es una herramienta esencial para crear un ambiente laboral seguro y libre de violencia. Este protocolo establece los procedimientos y las políticas para prevenir, abordar y sancionar cualquier forma de acoso, ya sea sexual, psicológico o basado en cualquier otro motivo protegido por la ley. Además, define claramente las responsabilidades de los empleados, supervisores y la dirección de la empresa en la prevención y gestión de situaciones de acoso.
Asimismo, el protocolo debe asegurar que se tomen medidas disciplinarias apropiadas cuando se determine que ha ocurrido una conducta de acoso.
En resumen, la obligación del registro salarial y el protocolo contra el acoso en empresas son instrumentos indispensables para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación en el entorno laboral. Estas medidas garantizan una remuneración justa y transparente, así como un ambiente seguro.
La vigilancia del cumplimiento de la normativa de igualdad se ha intensificado en los últimos años por parte de la Inspección de Trabajo.
El importe total de las sanciones se disparó en 2022. La cuantía de las sanciones fue ocho veces superior a la impuesta en 2021 (324.771 euros), sobre la mitad de actuaciones.
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